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22 Julio, 2026
El Reglamento de Costas es la norma que regula qué zonas de la costa son de todos, qué se puede construir cerca del mar y cómo se garantiza el acceso público a las playas.
La costa es uno de los espacios naturales más valiosos de nuestro entorno, pero también uno de los más frágiles. Playas, dunas, acantilados o marismas soportan una gran presión por el turismo, la urbanización o algunas actividades económicas. Por eso existe el Reglamento de Costas, la norma que desarrolla la Ley de Costas y explica cómo proteger y gestionar estos espacios.
Su objetivo es garantizar que el litoral pueda conservarse y seguir siendo un lugar de uso y disfrute para todo el mundo, también para las generaciones futuras.
La Ley de Costas de 1988 marcó un antes y un después en la protección del litoral español. Estableció que las playas, la ribera del mar y otros espacios costeros forman parte del dominio público marítimo-terrestre, es decir, pertenecen al Estado y son de uso público.
Gracias a esta ley se reforzó la protección frente a la ocupación excesiva de la costa y se garantizó que cualquier persona pudiera acceder y disfrutar de estos espacios.
Una actividad sencilla para el aula consiste en pedir al alumnado que dibuje una playa e identifique qué elementos pertenecen a todos y cuáles podrían poner en riesgo su conservación, como edificios demasiado próximos al mar o barreras que dificulten el acceso.
La Ley de Costas establece los principios generales, pero es el Reglamento General de Costas —actualizado mediante el Real Decreto 876/2014 y disponible en el BOE— el que explica cómo se aplican en la práctica.
Gracias a este reglamento se concretan aspectos como los límites del dominio público, los permisos necesarios para determinadas actividades o las normas que deben seguir quienes quieran realizar actuaciones cerca del mar.
El dominio público marítimo-terrestre está formado por los espacios de la costa que pertenecen a todos y cuya conservación corresponde a la administración pública.
Incluye las playas, la ribera del mar, las dunas que ayudan a proteger el litoral, el mar territorial y otros espacios vinculados al entorno costero.
La ribera del mar comprende la franja situada entre la bajamar y el límite al que llegan las olas durante los mayores temporales conocidos. También incluye determinadas zonas de las desembocaduras de los ríos donde se nota el efecto de las mareas.
Las playas y las dunas forman parte de este dominio público porque desempeñan un papel esencial para proteger la costa frente a la erosión y los temporales.
Al tratarse de bienes públicos, no pueden privatizarse ni impedirse el acceso a ellos.
Para trabajar este concepto en clase puede proponerse un pequeño debate: ¿sería correcto que unos vecinos construyeran un muro para ampliar su jardín hasta la playa? Esta actividad ayuda a comprender que la costa pertenece a toda la ciudadanía.
La costa española tiene aproximadamente 7.880 kilómetros de longitud y el 24% son playas, un patrimonio público que la ley protege como bien de todos
Además del dominio público marítimo-terrestre, la normativa establece diferentes zonas de protección en los terrenos cercanos al mar. Su finalidad es conservar el litoral y garantizar que todas las personas puedan acceder a él.
La servidumbre de protección establece, con carácter general, una franja de 100 metros desde la ribera del mar hacia el interior donde las nuevas construcciones están muy limitadas.
De este modo se evita que la urbanización llegue hasta la misma playa y se preservan espacios naturales especialmente sensibles.
Junto al mar debe mantenerse una franja libre de, al menos, seis metros que permita caminar por la costa sin obstáculos.
Gracias a esta medida, cualquier persona puede recorrer el litoral aunque existan propiedades privadas próximas.
La normativa también garantiza que existan caminos o accesos que permitan llegar desde el interior hasta la playa.
Así se evita que grandes tramos del litoral queden aislados por terrenos privados y se asegura que el acceso al mar siga siendo un derecho de todos.
Una propuesta para el aula consiste en diseñar un paseo marítimo imaginario en el que el alumnado tenga que decidir dónde situar los accesos y las zonas de paso para facilitar que cualquier persona pueda disfrutar de la costa.
Aunque el litoral está protegido, algunos usos pueden autorizarse siempre que sean compatibles con la conservación del medio ambiente y no impidan el uso público.
Para ello existen dos figuras principales: las autorizaciones y las concesiones.
La autorización permite realizar un uso concreto y normalmente temporal del dominio público marítimo-terrestre. Por ejemplo, la instalación de determinados servicios durante la temporada de verano.
La concesión, en cambio, autoriza un uso más prolongado de una parte del dominio público, como ocurre con algunas instalaciones portuarias, clubes náuticos o determinados establecimientos vinculados a la playa.
En ambos casos, la administración debe comprobar que la actividad no perjudica la conservación del litoral ni limita el acceso de la ciudadanía.
Las concesiones tienen una duración determinada y, en algunos supuestos, pueden prorrogarse si cumplen las condiciones previstas por la normativa.
Además, quienes ocupan estos espacios deben asumir determinadas obligaciones, como el pago de un canon por utilizar un bien que pertenece al dominio público.
El objetivo es compatibilizar la actividad económica con la protección de uno de los espacios naturales más valiosos del país.
El Reglamento de Costas no solo regula quién puede utilizar la costa, sino también cómo protegerla.
Por eso limita los vertidos para evitar la contaminación marina, controla determinadas actuaciones cerca del mar y presta especial atención a la conservación de distintos tipos de ecosistemas costeros, como las dunas, los humedales o las marismas, fundamentales para la biodiversidad marina y para reducir los efectos de temporales e inundaciones.
Uno de los grandes retos actuales es la erosión costera. La pérdida de arena y el deterioro de las barreras naturales hacen que muchas playas sean cada vez más vulnerables frente al cambio climático y al aumento del nivel del mar.
Una actividad interesante consiste en pedir al alumnado que imagine cómo será una playa dentro de 50 años en dos escenarios distintos: uno en el que se haya protegido adecuadamente el litoral y otro en el que no se hayan tomado medidas. Comparar ambos dibujos ayuda a comprender la importancia de actuar hoy.
Desde su aprobación, la Ley de Costas ha experimentado varias modificaciones. Una de las más importantes fue la Ley 2/2013, que introdujo cambios para adaptar la gestión del litoral y regular la situación de determinadas construcciones ya existentes.
En algunos casos, edificios construidos antes de la entrada en vigor de la ley quedaron situados dentro de zonas actualmente protegidas. Para estas situaciones existe un régimen transitorio que permite estudiar cada caso de forma individual.
En este proceso resulta fundamental el deslinde, el procedimiento que determina con precisión qué terrenos forman parte del dominio público marítimo-terrestre.
Es la norma que desarrolla la Ley de Costas y explica cómo se protegen las playas y el resto del litoral, qué espacios forman parte del dominio público marítimo-terrestre y qué usos están permitidos.
Las playas pertenecen al dominio público marítimo-terrestre. Son bienes públicos y cualquier persona tiene derecho a acceder y disfrutarlas.
La normativa establece importantes limitaciones para construir junto al mar. En la franja de protección, situada con carácter general a 100 metros desde la ribera del mar, las nuevas edificaciones están muy restringidas.
El litoral se protege porque es un espacio natural muy valioso y frágil. En él se encuentran playas, dunas, marismas y otros ecosistemas costeros que albergan una gran biodiversidad y ayudan a protegernos frente a temporales, inundaciones y los efectos del cambio climático.
Conocer el Reglamento de Costas ayuda a entender que las playas son mucho más que un lugar para pasar el verano, y que es necesario cuidar nuestras playas. Son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad, protegen el territorio frente a la erosión y forman parte de nuestro patrimonio natural.
Trabajar este tema en el aula a través de contenidos y actividades medioambientales específicas permite que el alumnado comprenda que disfrutar del litoral también implica cuidarlo. Saber por qué existen zonas protegidas, por qué las dunas no deben pisarse o por qué el acceso a las playas debe mantenerse libre.